23 Jul

Por la asamblea y la sección sindical

El sindicalismo nació de las antiguas sociedades gremiales de resistencia y apoyo mutuo como organización obrera en defensa de los intereses de la clase trabajadora, de las condiciones laborales y de lucha contra el sistema capitalista, y por un modelo social más justo para las clases productivas, alienadas, dependientes de la clase capitalista y condenadas a la miseria o a la precariedad en su gran parte.

El capitalismo utilizó una fuerte represión (patronal, policial, judicial, penitenciaria o paramilitar) para destruir el sindicalismo. Sindicalistas, que además, como clase trabajadora, dependían para subsistir del capricho de los capitalistas de darles trabajo o no y pagarles o no.

Sin embargo, ni aun así lograban terminar con las reivindicaciones laborales. El capitalismo es un permanente e inevitable conflicto de intereses entre clases antagónicas: la parte que se llevan los capitalistas lo cobra de menos la clase productiva, y a la inversa. En economía básica: beneficios y costes, beneficios empresariales y gastos variables, que así es como se denomina en economía capitalista a las personas trabajadoras.

En esas condiciones propias del sistema capitalista, de tiranía del capital sobre el trabajo, siempre habrá, en mayor o menor grado una lucha o protesta obrera, mientras la gran parte de la sociedad dependa de un salario, que ni tan solo tiene garantizado, tenga que vender su vida, su tiempo, fuerza, conocimientos e inteligencia, para producir para un tercero que se apropia del fruto del trabajo, del que no tienen ningún control, ni qué producen, ni para quién, ni cómo, a menudo intoxicándose a sí mismo, o contaminando -sin poder hacer nada para evitarlo- su propio entorno de vida, fabricando objetos de consumo inútiles, o que en ocasiones, aunque los produzca, nunca los podrá disfrutar.

Con la aparición de los regímenes “democráticos”, donde la población gobernada legitima al Estado escogiendo sus propios amos políticos, el sistema capitalista entendió las grandes ventajas que le iba a reportar el trasladar ese mismo sistema electoral/parlamentario al mundo sindical. Por ello, todas las “democracias” capitalistas han impuesto ese sistema en el mundo laboral con las particularidades y denominaciones concretas de cada país.

Al fin y al cabo, se trata de la estrategia de “divide y vencerás”: el capitalista en lugar de enfrentarse a toda su plantilla, les obliga a escoger un/a trabajador/a (delegad@ de personal) o vari@s (comité de empresa, si la empresa o el centro de trabajo tiene más de 50 empleados). Est@s delegad@s van a tener una serie de privilegios: horas sindicales remuneradas que no tendrán que trabajar (pudiendo estar incluso completamente liberados de trabajar), protección frente al despido y poseerán en exclusiva el derecho de información y de decisión sobre el conjunto de condiciones laborales que afectan a toda la plantilla, y que por ley (al igual que en el parlamento político) solo ellos detentarán en nombre de todas.

Por supuesto, las horas sindicales (en función del número de plantilla) y las subvenciones o recursos con los que se dota a los sindicatos, pueden aumentar en función del grado de satisfacción que la empresa tenga con las acciones de dichos sindicatos subvencionados, al igual que sucede con los sobornos o favores a los delegados escogidos. Recordemos la máxima de “el poder corrompe”, y la patronal sabe agasajar bien, pues recursos no le faltan.

Por otra parte, con este sistema de elecciones y comités de empresa, se divide y enfrenta a los sindicatos que presentan candidaturas electorales, pues deberán competir con el resto por los votos y las plazas en el comité de empresa, para no desaparecer o perder recursos (liberados y subvenciones, ya que las subvenciones estatales se reparten en función del número de delegados obtenidos). La conveniente unidad obrera y sindical para lograr presionar a la empresa, que tiene todo el poder de decisión, queda rota en una batalla y competencia sindical.

Así se burocratiza inexorablemente a los sindicatos que participan de este sistema: los dirigentes sindicales son retribuidos, para pagar sus salarios requieren de subvenciones, y éstas a su vez dependen del número de delegados escogidos. Todos los sindicatos que reproducen este juego, por supuesto también la CGT, tienen “comerciales” que se dedican a captar personas para que se presenten con sus siglas y poder cobrar las consecuentes subvenciones.

Sin embargo, el efecto más pernicioso para la clase trabajadora, y por ello el más deseado por el capitalismo en este modelo sindical, es el de vaciar de sentido el sindicalismo: si ya hay un comité de empresa encargado de “defenderme”, de “preocuparse” por las condiciones de trabajo y de decidir en mi nombre, pues para eso los votamos y para eso tienen sus liberados, horas sindicales, etc., ¿para qué me he de organizar, afiliar, interesar o preocupar por ello? Se llega al extremo que muy a menudo ni tan siquiera los delegados de personal o miembros de comité de empresa por un determinado sindicato están afiliados.

Y la minoría que aún quiera luchar por mantener o mejorar las condiciones de trabajo, a menudo se debe enfrentar al comité de empresa, pues toda la información y el poder decisión están en su poder. Por ello, por norma general, los comités se prestan a firmar despidos colectivos, rebajas salariales, convenios regresivos, tolerar ilegalidades… La información y el poder decisorio está en sus manos y no en el conjunto de la plantilla, y la minoría con poder es fácil de ser presionada, coaccionada o comprada por la empresa, de la que no dejan de ser asalariados.

En último término, los sindicatos subvencionados a los que pertenecen los delegados de los comités de empresa, reciben enormes subvenciones de las empresas y de las distintas organizaciones patronales, y es difícil morder la mano que da de comer, y de los que dependen la gran parte de sus recursos y con los que poder seguir manteniendo a los dirigentes sindicales liberados.

En suma: las elecciones sindicales y los comités de empresa usurpan el poder de decisión del conjunto de la plantilla sobre sus condiciones de trabajo y su propio empleo, en favor de una minoría privilegiada y fácil de corromper o chantajear por parte de la empresa, permitiendo la pérdida de derechos y los despidos colectivos; dividen y enfrentan a los sindicatos por la caza del voto y de los delegados en los comités, a la vez que los burocratizan y hacen dependientes de las subvenciones del Estado y la patronal; y no menos importante, esa práctica de delegación y voto vacía los sindicatos y merma la lucha sindical.

Por todo ello, la CNT-AIT siempre se ha opuesto tanto a las subvenciones con las que se compran los sindicatos, como a los jerárquicos comités de empresa. Las decisiones, la información, las propuestas, la discusión y las acciones que afectan al conjunto de la plantilla, se deben debatir y decidir en igualdad de condiciones en las asambleas de empresa o centro de trabajo donde todas las trabajadoras son iguales y tienen voz y voto. Así se garantiza decisiones tomadas por todas las personas afectadas y se permite y favorece la participación.

Y como forma de organización y lucha, la CNT-AIT defiende las secciones sindicales, que son las agrupaciones de personas afiliadas a un sindicato en una empresa. Las secciones sindicales legalmente tienen las mismas armas sindicales (huelga, conflicto colectivo, firma de convenios, denuncias…) que un comité de empresa, pero no pueden decidir en nombre de toda la plantilla, pues tampoco queremos hacer eso. La plantilla sólo puede decidir en asamblea y nadie debería imponer sus intereses en su nombre.

No te pedimos el voto ni que delegues y confíes en nosotras. Confía en ti, afíliate, organízate, lucha y decide por ti misma, entre iguales, sin dirigentes liberados, sin subvenciones -con plena autonomía-, para defender tu puesto de trabajo, tus intereses –que nadie va a defender si tú no lo haces-, y para combatir este sistema genocida y ecocida por uno más humano y racional, gestionado colectivamente y al servicio de toda la sociedad, y no de una minoría poderosa e insaciable.

O votas, callas y reproduces el sistema, o dejas de tragar y te organizas para cambiar las cosas.

Afíliate y lucha en la CNT-AIT.

Grupo de Acción Sindical de CNT-AIT

16 Jun

HUELGA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO

Viernes 18, a las 11:30h.

Concentración frente a la Asamblea de Madrid

(Avda. Pablo Neruda 91-97)

Los sindicatos Co.bas, Solidaridad Obrera, SAS y la Confederación Intersindical han convocado el 18 de junio una jornada de Huelga de todo el sector público estatal.

La Federación Local de la CNT-AIT Madrid apoya este paro, como punto de partida hacia la Huelga Indefinida que obligue al Estado a retroceder en sus pretensiones de reformar el artículo 10 del EBEP. La reforma que pretende el ministro Iceta consiste en el despido directo de todas las personas interinas que lleven 3 años en su puesto, es decir, hacer pagar a las trabajadoras, de las que se ha aprovechado durante lustros, por la inutilidad y el despotismo de la administración.

Se estima que alrededor de 800.000 personas están trabajando en la actualidad con un contrato precario en el conjunto de todas las administraciones públicas del estado: sanidad, enseñanza, ayuntamientos, comunidades autónomas… Esta precariedad está causada por la dejadez de quien las ha gestionado (y sigue gestionado) con la colaboración de las empresas sindicales presentes en cada organismo. Durante décadas se han aprovechado de la temporalidad al no convocar, como obligan sus propias leyes, las ofertas de empleo público necesarias para mantener los servicios que se necesitan en cada administración. En concreto el art. 10 del EBEP obliga a realizar dichas convocatorias, pero el gobierno pretende modificarlo para flexibilizar aún más el despido en el ámbito público (recordamos que, al contrario que en el sector privado, las interinas y temporales del sector público no tienen derecho a indemnización por finalización de contrato temporal).

Existe en Europa una directiva de obligado cumplimiento (1999/70) que obliga a dar estabilidad fija en el empleo a las personas que tienen una duración en el trabajo superior a tres años. Se acepta esta directiva en este estado exclusivamente para la empresa privada y no para las AA.PP.

Las empresas sindicales CCOO, UGT y CSIF, firmaron en los años 2017 y 2018 con el ministro de Hacienda Cristobal Montoro, sendos acuerdos mal llamados “Acuerdo para la mejora del empleo público I-II”, en los que pretenden sacar todas esas plazas ocupadas durante décadas por personas con contratos precarios a Oferta Pública de Empleo.

Sea lo que sea lo que quieran legislar los políticos y sentenciar los jueces, la CNT-AIT, como organización obrera anarcosindicalista, no puede sino posicionarse al lado de las/os trabajadoras/es que, actualmente y durante los últimos años, forman parte de las plantillas de las distintas administraciones. No solo de las pagadas directamente por éstas, sino también de las/os compañeras/os que, trabajando para ellas, son pagadas por empresas de servicios cuyo único objetivo es el beneficio económico y no la calidad del servicio. Estas empresas deberían desaparecer, y las compañeras/os pasar a ser contratadas de manera directa por cada una de las administraciones: limpieza, mantenimiento, ayuda domiciliaria y muchos otros servicios que se han privatizado durante décadas para el beneficio de unos pocos con la ayuda de nuevo de los “sindicatos”. Unos “sindicatos” que llevan en su discurso, dentro de las AA.PP. eliminar los grupos E (agrupaciones profesionales) en definitiva los más esenciales y a la vez peor remunerados, para que estos trabajos se externalicen ofreciéndoselo a las antiguas constructoras ahora dedicadas a estos negocios (Ferrovial, Sacyr, Acs, FCC. etc. etc.)

Apoyamos la huelga y todas las movilizaciones para evitar el despido de miles de compañeras/os que ahora pueden perder su puesto para que gobierno y sindicatos obtengan sus cuantiosos beneficios, unos ahorrándose trienios y pluses de trabajadores/as estables y los otros vendiendo temarios para oposiciones.

Por la regularización del personal víctima del abuso.

Por la contratación directa y fija del personal de los todos servicios públicos.

Paralización de todas las OPES que afecten al personal contratado.E